El viernes 8 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó al gobierno argentino a pedido de distintas organizaciones de la sociedad civil a raíz de decretos de necesidad y urgencia firmados por el gobierno argentino que modificaron el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y la Ley Argentina Digital de 2014.

Como resultado de la audiencia se destaca que después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” al mismo tiempo que le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer frente al problema de la concentración”. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Gobierno abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. Además, el Relator Especial Edison Lanza destacó la preocupación por la modalidad en la que se hicieron las modificaciones, la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) “que, como está hoy diseñado, no cumpliría con los estándares internacionales”, y la “desaparición de las reglas de deber de transmisión” para los sistemas de cable que pueden perjudicar los derechos de las audiencias.

La audiencia que se tituló  “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”,tuvo a la sociedad civil, representada por un organismo de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de medios comunitarios (FARCO y AMARC), universidades nacionales (RedCom), académicos (Martín Becerra), medios del sector PyME (ARBIA) y cooperativas de servicio público (Oscar Nocetti el titular de la Cooperativa Eléctrica de La Pampa), y a los representantes del Estado con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel De Godoy a la cabeza; Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Bertoni, Director Nacional de Datos Personales; y Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Silvana Giudici, Directora del ENACOM – que no habló en la audiencia.

Las organizaciones peticionantes argumentaron cómo las modificaciones provocadas por los decretos firmados por el presidente Mauricio Macri a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual alteran su espíritu, liberando los límites a la concentración que la Ley establecía. Mientras los peticionantes hicieron un detalle pormenorizado de cómo las modificaciones incumplen distintos estándares internacionales y recomendaciones del mismo sistema interamericano, los representantes del gobierno, más allá de que en la nómina de sus representantes se puede leer la importancia que el gobierno le dio a esta instancia, hicieron constantes alusiones al desempeño de los gobiernos kirchneristas y a las promesas de una futura ley que repararía todos los males, pero en ningún momento se refirieron al tema específico de la audiencia ni respondieron a los cuestionamientos realizados.

El investigador y director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, Martín Becerra, hizo referencia al problema de la concentración en el sistema de medios el que “reclama históricamente respuestas normativas y políticas que buscan atenuar los efectos de la concentración”, pero que más allá de que “Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda al problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración”, haciendo hincapié  en el traspaso de la consideración del cable como servicio de telecomunicaciones y la prórroga automática de todas las licencias abiertas por cinco años con opción a una renovación casi automática por otros diez años.

Finalmente, Becerra recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en 2013 con el aval de 6 de sus 7 miembros entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo y en consecuencia de restricción de la concentración -dado que- la concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”.

Luego, Damián Loreti, integrante del CELS y Vicepresidente de AMARC, destacó la violación por parte de los decretos de tres estándares reconocidos por la Relatoría de Libertad de Expresión al quitar la autarquía legal a las autoridades de aplicación de las normas que rigen la Comunicación Audiovisual y las telecomunicaciones y anular la obligación de transmitir o must carry. El tercero atiende al Principio de Legalidad, ya que un decreto de necesidad y urgencia no debería modificar una ley votada por mayoría en el parlamento.

En referencia al primero de los estándares, Loreti destacó que en la autoridad de aplicación creada por los decretos 236 y 267 de Macri, todos los integrantes del directorio del ente regulador son “removibles sin expresión de causa por decreto del poder ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados”.

Finalmente los peticionantes presentaron casos puntuales de organizaciones directamente afectadas por las modificaciones. Así fue el turno de Daniel Badenes representante de las carreras de comunicación, Néstor Busso representando a los medios comunitarios, Osvaldo Francés, las Pymes y Oscar Nocetti por las cooperativas.

Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos planteada previamente cuya consecuencia es la modificación irremediable del sistema de medios argentino.

Para muestra, la exposición de Eduardo Bertoni destacó que la adecuación de la norma devino de que “una evaluación seria de la LSCA deja la conclusión de que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partizana”, lectura que nada dice de la norma en sí y mucho menos argumenta la necesidad de modificarla.

Bertoni, cuya exposición fue lo mejor que presentó el gobierno en su defensa, justificó los cambios en la promesa establecida en la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, que al momento de escribir este artículo permanece sin ser publicada, de una nueva ley que cumpla con todos los estándares de pluralidad, diversidad y democratización. Además calificó de “prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar de una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración”.

Más allá de una incompleta aplicación de la LSCA que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner haya realizado ello no justifica la modificación de la ley, más bien todo lo contrario, representaba una oportunidad única para avanzar en su plena aplicación. Sobre todo, si el único argumento en su contra es su mala aplicación.

Más aún si los artículos modificados son aquellos que fueron judicializados (artículos 41, 45 y 48 de la Ley 26.522) por uno de los agentes corporativos de información más importantes del país (Grupo Clarín) y fueron refrendados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículos que versaban sobre la intransferibilidad de las licencias; límites máximos de licencias por licenciatario y que establecían medidas en contra de la concentración horizontal y vertical.

Tampoco justifica los cambios la promesa futura de una ley que respete todos los estándares internacionales (los mismos que respetaba la ley tal como se aprobó en 2009). El problema no es la ley futura (por lo menos no por ahora), sino que mientras esa ley (que hoy no es ni siquiera un proyecto), recorre el camino hasta aprobarse, si es que un día se aprueba, y bajo la posibilidad que abrieron las modificaciones que se hicieron a la ley se toman medidas que modifican el sistema de medios favoreciendo a los sectores concentrados.

Fotos: Daniel Cima